​Incongruencias

Algo tiene que estar caminando mal en nuestro sistema judicial para que tengamos a Ollanta Humala preso, a Alejandro Toledo prófugo de la justicia peruana, en ambos casos sin que aún no exista sentencia en su contra, y que Alan García y Keiko Fujimori estén siendo investigados con total severidad por haber sido cabecillas de una presunta banda criminal, mientras al mismo tiempo acaba de salir en libertad un sujeto que mató a tres personas y huyó.

Ojo, no estoy sacando cara por los expresidentes ni por la lideresa del fujimorismo. Ellos tienen mucho que explicar, y en los casos de Humala y Toledo estoy seguro, en lo personal, de que cuando terminen los juicios orales que deberán afrontar, serán condenados a prisión efectiva, la que reemplazará a los arraigos provisionales que enfrentan hoy. A lo que voy es a la falta de proporcionalidad de un sistema judicial que debería ser revisado.

Si las leyes permiten meter en la cárcel a Humala sin que exista una sentencia, mientras que a Toledo se le dispone el arresto sin que tampoco haya sido condenado, lógicamente hay que cumplir con la legislación. Pero entonces, si somos tan severos, cómo explicar la situación de quien ha matado a tres personas en la Costa Verde, abandona a sus víctimas, se niega a pasar dosaje etílico y envía a uno de sus trabajadores a fingir que era el conductor.

Me refiero a Guillermo Riera Díaz, quien ha demostrado que con él no pasa nada pese a las tres vidas que se llevó de encuentro con su camioneta, antes de fugar a Miami. Para él prisión preventiva, esa que tanto critican algunos abogados, no existe, mientras que para otros sí. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué no hay proporción ni lógica? Lo señalo porque en el caso del empresario está comprobada su participación en las muertes, y anda libre.

Urge revisar las leyes vigentes no para ser menos severos con los que delinquen, pero sí al menos para que existe coherencia y el ciudadano de a pie no dude más de instituciones tan desprestigiadas como el Poder Judicial y el Ministerio Público, que supuestamente deberían estar del lado de los ciudadanos. Tenemos un Congreso que bien podría revisar las normas que ha dado en el pasado, y cambiarlas si es necesario. Para eso se paga a sus miembros, ¿no?