En primera votación (con 53 votos a favor, 12 abstenciones y 0 votos en contra) el Congreso volvió a las andanzas y aprobó una ley a través de la cual pretendería fijar la pensión mínima de jubilación de los maestros de la Carrera Pública Magisterial en ¡3,300 soles! (5,5 veces mayor a la pensión mínima y 3,7 veces mayor a la pensión máxima que otorga el sistema nacional actualmente). Aunque ya es sabido que por mandato constitucional el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto público, y que es el Poder Ejecutivo el que envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto cada año, además de que no se pueden dictar leyes con “nombre propio” (protegiendo el principio de generalidad de la ley y evitar con ello arbitrariedades legislativas), nada detiene el embate de los padres de la patria a favor de todo aquello que pueda darles algún rédito populista.

En principio, es importante decir que los maestros de la Carrera Pública Magisterial pueden optar por aportar al sistema nacional o privado de pensiones. Según el INEI, al 2024 el Perú contaba con más de 548 mil docentes, de los cuales 371 mil pertenecían al sector público, además de 750 mil pensionistas bajo el D.L. 1990 administrado por la ONP de los cuales 150 mil correspondían a docentes públicos jubilados cuya pensión fluctúa entre 600 y 893 soles (En el sistema privado, las pensiones fluctúan y dependen de los aportes realizados y las opciones de inversión elegidas) Aprobar una ley como la que nos ocupa, para beneficiar a 150 mil pensionistas peruanos por sobre los intereses de los restantes 600 mil, no solo luce descabellado, sino que, además, resulta a todas luces inconstitucional.

Mas allá del tema del respeto a la dignidad humana, y de reiterar que no se pueden aprobar leyes sin financiamiento público y mucho menos con nombre propio por más justicia que se pretenda impulsar, romper el principio de legalidad y respeto a la constitución e institucionalidad que debe primar en un Estado democrático, no es una banalidad. Ninguna pensión de jubilación es justa: ni para las enfermeras, ni para los policías, ni para los médicos, ni para ningún jubilado en realidad, pero pretender beneficiar a unos en desmedro de otros y peor aún, de la manera que pretenden hacerlo es francamente, una temeridad.