La revelación, en la Comisión de Salud del Congreso, de que la primera muerte por el suero asesino de Medifarma ocurrió el 28 de febrero y recién fue reportada casi un mes después, el 26 de marzo, no solo evidencia un grave incumplimiento de las normas sanitarias, sino también que habría existido un intento deliberado de encubrir una negligencia criminal en curso.
Esa demora debe ser considerada por el Ministerio Público al momento de presentar cargos contra los que resulten responsables de esta cadena de incompetencias que provocó la muerte de, al menos, cuatro peruanos y ha arruinado la vida de, hasta ahora, otros 17.Es cierto que entramos en el terreno de la especulación, pero si la Clínica Sanna hubiese reportado los efectos adversos por el uso del medicamento dentro del plazo establecido por ley, el suero tóxico podría haber sido inmovilizado a tiempo y muchas vidas se habrían salvado.
Que una bebé de menos de un año y medio haya agonizado ocho días, y que dos jóvenes profesionales estén con muerte cerebral, no puede quedar impune. Y no solo hablamos de sanciones al laboratorio y la clínica sino contra quienes demoraron los reportes.La indignación es válida, pero no basta. Se necesitan sanciones ejemplares. No puede volver a ocurrir.
