El colapso del puente de Chancay y el derrumbe del techo de un centro comercial en Trujillo, que cobraron la vida de ocho personas, son tragedias evitables. Estos eventos evidencian la urgente necesidad de aplicar criterios técnicos rigurosos en el diseño, supervisión y mantenimiento de la infraestructura en el Perú, así como de reformar el marco normativo de las inspecciones de seguridad.
Uno de los factores probables en ambas fallas estructurales fue la falta de mantenimiento preventivo y la subestimación de los riesgos. En el caso del puente de Chancay, la socavación del pilar central se vio agravada por la ausencia de estudios hidrológicos actualizados. En Trujillo, el evento ha puesto en evidencia deficiencias en la fiscalización de edificaciones de alto tránsito.
Para prevenir futuras tragedias, es necesario modificar la normativa en dos aspectos clave. Primero, eliminar la discrecionalidad en las inspecciones técnicas de seguridad mediante criterios específicos y detallados por especialidad. Esto garantizará evaluaciones objetivas y reducirá interpretaciones subjetivas que puedan derivar en errores graves.
En segundo lugar, es crucial eliminar barreras burocráticas que dificultan la fiscalización efectiva. La excesiva normatividad y la falta de claridad generan incertidumbre en empresas y en la ejecución de inspecciones. Estos cambios no deben verse como una carga adicional para las empresas ni como una amenaza para los entes fiscalizadores, sino como una oportunidad para fortalecer la seguridad y la confianza en la infraestructura del país. Para las empresas, contar con reglas claras reduce incertidumbre y riesgos arbitrarios. Para las entidades públicas, disponer de criterios técnicos específicos y protección legal permitirá inspecciones más efectivas.
La seguridad debe ser la base del desarrollo sostenible del país.
