El Consejo de Ministros decidió alinearse con la presidenta Dina Boluarte y salió en defensa de su hermano, cuya vivienda fue allanada recientemente. En la misma línea, los ministros respaldaron a sus colegas de gabinete, alegando que son víctimas de “acciones desmedidas” por parte del Ministerio Público, en clara señal de apoyo al titular de Justicia, Juan josé Santiváñez. Así, lo que debió ser una instancia de prudencia y respeto institucional terminó convertido en un coro de respaldo político que erosiona aún más la credibilidad del Ejecutivo.
El problema es que esta defensa no se limita a un gesto solidario: se parece demasiado a un intento de blindaje. Al presentar a los ministros como víctimas, el gabinete se coloca en abierta confrontación con la Fiscalía, cuando lo que está en juego son acusaciones graves de corrupción que deben esclarecerse sin interferencias. Recordemos que el propio Santiváñez, es señalado como cabecilla de una presunta red criminal.
Si bien la presunción de inocencia es un principio fundamental, eso no significa que el Ejecutivo pueda desacreditar a priori a las instituciones encargadas de investigar. Lo que corresponde es dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial actúen con independencia, sin presiones ni descalificaciones. Pretender que abrir carpetas fiscales contra funcionarios bajo sospecha es un acto de desestabilización constituye una falacia peligrosa: en realidad, es parte del proceso natural en cualquier democracia que busca combatir la corrupción.
