Desde el 2023 se venía investigando a Pablo Sánchez Velarde porque en julio de 2018, cuando era fiscal de la Nación, intervino en una diligencia de exhibición de documentos en el local de IDL por la filtración de información del caso “CNM audios” vinculado a “Los cuellos blancos del puerto”.
El fiscal de dicha diligencia, Rodrigo Rurush, recibió la llamada de Pablo Sánchez conminándolo a suspenderla.
En octubre de 2024, la Junta de Fiscales Supremos, con el voto de Sánchez Velarde, elige fiscal de la Nación a Delia Espinoza y esta, en enero del presente año, en lugar de inhibirse, decide archivar la investigación por obstrucción a la justicia seguida contra Sánchez Velarde. Por este hecho se presentó una denuncia constitucional contra Espinoza que ya fue admitida a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La reacción de algunos sectores simpatizantes de la Fiscalía fue cuestionar al Congreso aduciendo que se habría vulnerado la autonomía del Ministerio Publico al cuestionar sus decisiones. El control político de las altas autoridades, incluidos los fiscales supremos, le corresponde al Congreso. Llama la atención que un hecho irregular como impedir una diligencia termine siendo archivado. Ello es un acto que debe ser objeto de control pues el poder no se ejerce al margen de la ley. La ciudadanía tiene el derecho de saber la conducta de sus autoridades. Los fabricantes de detenciones preliminares o prisiones preventivas filtrando información reservada a algunos medios deben ser descubiertos, en ello radica la importancia de este caso. Este posible intercambio de favores quizás sea la punta del iceberg.
