El gobierno de la presidenta Dina Boluarte actuaría muy bien y sería coherente con su prédica de apoyar las inversiones locales y extranjeras, si es que apoya el inicio de obras del proyecto minero Tía María, más allá de algunas movilizaciones y bloqueos de vías como los que se presentaron el viernes último en el Valle del Tambo, en la región Arequipa.
Este proyecto puede ser determinante en las cifras del crecimiento que el Perú necesita para ir superando la pobreza. Por eso, y teniendo en cuenta que la empresa minera ha cumplido con todas las exigencias, especialmente las ambientales, para poder operar, no habría razón para que la explotación cuprífera siga suspendida como lo está desde hace casi una década.
El Estado tiene la función de garantizar que la empresa pueda trabajar. Gobiernos anteriores optaron por ponerse de costado ante mafias que movilizaban a la gente del Valle del tambo para oponerse a Tía María. ¿Recuerdan a “los lentejeros” y a esos “ambientalistas” que acabaron condenados por el Poder Judicial por tentativa de extorsión?
Lamentablemente, el efecto de no actuar desde el Estado ha afectado directamente al bolsillo de miles de peruanos que han podido verse beneficiados con lo que deja un proyecto que tiene prevista una inversión de mil 400 millones de dólares, que no es poca cosa para una economía sedienta como la nuestra. No permitamos que eso vuelva a suceder.
