Las inversiones sociales y en infraestructura pueden convertirse en motores del crecimiento y la prosperidad compartida, sostiene el Banco Mundial. Contar con infraestructura adecuada resulta indispensable para mejorar la calidad de vida de la población. Así, teniendo en cuenta que la desaceleración económica repercute negativamente sobre los presupuestos públicos, algo que se evidenció en 2023, con una caída de los ingresos tributarios del 7.6%, es necesaria una mayor participación del sector privado para ejecutar proyectos de infraestructura. Estos, dadas las características de nuestra geografía, requieren contemplar aspectos de mitigación de riesgos por condiciones climáticas adversas. De acuerdo con el Índice de Competitividad Regional 2024, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), en lo que se refiere al pilar de Infraestructura, Piura se ubica en la posición 20 (de 25 regiones). La región cuenta con un 22.2% de la Red vial local pavimentada o afirmada; 9.4 horas al día de Continuidad en la provisión de agua; 68 líneas con servicio de internet móvil por cada 100 habitantes; y 58.9% de hogares con acceso a electricidad, agua y desagüe, como sus indicadores con peor desempeño en dicho pilar, en comparación con el resto de las regiones. No es un problema de recursos asignados para obras públicas, nunca lo ha sido. Es un problema de falta de capacidades para ejecutar eficientemente tales recursos, y fallas en el sistema de descentralización, lo que viene condenando a buena parte de los piuranos a no contar con servicios básicos de calidad. A nivel nacional, las adjudicaciones de proyectos vía Asociación Público-Privada (APP) y Obras por Impuestos (OxI) viene avanzando, a tal punto que 2024 sería un año récord, según ProInversión. La ejecución efectiva y oportuna de tales adjudicaciones será fundamental para el cierre de brechas. Es responsabilidad de los actores públicos y privados involucrados.
