Apenas han pasado cinco meses de su gobierno, y el presidente Pedro Castillo, el paladín de la honestidad en la política pese a venir apadrinado por el corrupto Vladimir Cerrón, ya es objeto de una investigación preliminar de parte de la Fiscalía de la Nación por sus reuniones clandestinas con funcionarios, empresarios, lobistas y proveedores del Estado. No obstante, las cosas no son como parecen.

En teoría el jefe del Estado tendría que responder por las licitaciones para la ejecución del puente Tarata III (232 millones de soles) y la buena pro para abastecer de biodiesel al Estado (74 millones de dólares), ambas con la participación de la lobista Karelim López, quien según IDL-Reporteros ha dicho que tiene cómo probar que pagó un soborno al propio mandatario.

Sin embargo, la investigación anunciada no podrá iniciarse hasta julio de 2026 o hasta el momento en que el profesor Castillo deje el cargo. Sí, en la práctica el mandatario no será sometido a ninguna pesquisa, según ha precisado anoche el Ministerio Público.

De acuerdo a la Fiscalía, el mandatario no solo no puede ser juzgado ni acusado mientras esté en el cargo, sino que tampoco podrá ser objeto de una pesquisa. Así están las cosas en el Ministerio Público de Zoraida Ávalos, donde se investiga, pero en realidad no se investiga.