El llamado “Caso Cócteles”, que tenía como principal implicada a Keiko Fujimori, ha sido anulado por el Tribunal Constitucional, que ha dado un duro golpe a los fiscales politizados, ineficientes y abusivos llamados José Domingo Pérez y a su jefe Rafael Vela Barba, que se han dedicado casi siete años a perseguir humo.
Con esto, el máximo intérprete de la Carta Magna ni siquiera se ha pronunciado si Fujimori y sus coacusados son culpables o no. Simplemente ha establecido que no se debe proseguir con un proceso carente de sustento jurídico y opuesto a lo que dispone la Constitución, con lo que todo queda anulado, como que nunca hubo ni investigación, acusación ni nada.
Ojo que por este caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial privaron de su libertad a Fujimori y a otros más, todo por pedidos de un fiscal politizado que en cualquier país decente, tendría que afrontar las consecuencias administrativas y hasta penales de actos que como establece el TC, eran reñidos con la Constitución. ¿Quién devuelve a los afectados la pesadilla vivida?
Lamentablemente esta es la justicia que tenemos en el Perú, donde el ciudadano tiene un Ministerio Público y un Poder Judicial sin mayor credibilidad. Miremos nomás a la primera de las entidades mencionadas, que en este momento nadie sabe en manos de quién está. Y así algunos dicen que no hace falta una reforma y una limpieza a fondo en el sistema de justicia.
