La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha desestimado el recurso presentado por la defensa del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva de 36 meses que pesa en su contra por su implicancia en el caso de corrupción conocido como Puente Tarata, uno de los tantos surgidos durante el régimen de Pedro Castillo.

Si el hombre está en condición de corrido de la justicia, hubiera sido un absurdo librarlo de la prisión preventiva vigente. Sin embargo, en la práctica, de qué sirve tal disposición si el exministro castillista se mantiene prófugo y no se ven mayores esfuerzos desde el Poder Ejecutivo para ubicarlo en cumplimiento a una disposición del Poder Judicial que viene desde año 2022.

Si Vladimir Cerrón es “el hombre menos buscado del Perú”, Silva le hace la pelea y se ubica casi en la misma ubicación de “privilegiados” a los que nadie persigue.

Lo último que se supo de Silva a través de un programa dominical es que se escondía en Venezuela, al amparo de la tiranía chavista que hasta cubría sus gastos personales. Sin embargo, nunca el gobierno peruano ha dado una explicación al respecto, Ni se ha preocupado el informar si ha hecho las consultas respectivas a Caracas sobre el paradero de este sujeto.

Silva se sigue burlando de la justicia y de todos los peruanos. No sorprende que se haya mantenido libre mientas Castillo estuvo en el poder, pero después… ¿qué pasó?, ¿quién lo protege y por qué?