Mañana elegiremos presidente y nuevos congresistas. Hay convulsión, angustia y dolor por el millar de peruanos que vamos perdiendo diariamente a causa del maligno COVID-19. Y aunque se quiera presentar la situación como normal, lo que vivimos es absolutamente excepcional. Ir a votar implica riesgo de contagio y de muerte en especial para los mayores. Un gran ausentismo es previsible, muchos prefieren la multa a la exposición. Lamentablemente ningún cuidado o previsión es garantía. Las dimensiones de la ausencia podrían deslegitimar el sufragio, posibilidad no mencionada por medios o políticos interesados en los resultados. En este ambiente de duelo el Congreso de la República podría realizar, hoy o el martes, el pleno para ratificar o modificar la inhabilitación unánimemente aprobada por la Comisión Permanente a Martín Vizcarra por 10 años en cargos de función pública por el “vacunagate”. Un juicio político que contra sus planes y su candidatura congresal representa la sanción social que merece. De otro lado este lunes podríamos tener ya el nombre del nuevo presidente de la República y Francisco Sagasti se convertirá en un gobernante con autoridad disminuida, un pato rengo, en momentos en que más necesitamos de orden y capacidad en nuestro país. Hasta el 28 de Julio tendremos largos meses que no pueden ser de inacción ante la catástrofe. No tendremos nuevo presidente en funciones pero sí drama y urgencia. Constitucionalmente no es posible adelantar el cambio de mando pero quienes lleguen a la segunda vuelta sí podrían designar un gabinete de verdadera transición que gestione con Sagasti, con fuerza, legitimidad y voluntad, este tiempo dramático. Junto al acuerdo multipartidario por la Salud -que propusimos en este espacio editorial- que el presidente oportunamente acaba de recoger, es indispensable la confluencia de profesionales capaces, que sin interés ideológico, político o económico, puedan actuar eficazmente cuando la muerte acecha y el país podría colapsar.
