El jueves último, momentos antes de la elección del tema ganador del Gran Premio Nacional de Periodismo que finalmente alcanzó gracias a una investigación sobre pagos ocultos en el caso Gasoducto del Sur, los miembros del jurado recibimos una exposición sobre este trabajo a cargo del exfiscal supremo provisional Avelino Guillén, con quien puedo discrepar en muchas de sus opiniones sobre diversos temas, pero no en sus acertadas palabras de esa noche. Señaló que el caso Lava Jato es el más grande suceso de corrupción de la historia del Perú, incluso más relevante que el protagonizado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos a fines del siglo pasado. Y ojo que Guillén fue el fiscal adjunto que vio una de las acusaciones contra el exmandatario hoy preso en la Diroes, y su nombre se ha hecho conocido por sus opiniones acerca de la podredumbre del fujimorismo.

Acierta Guillén al hablar de la magnitud del caso Lava Jato y, precisamente por la relevancia de la mugre que salpica a todos los gobiernos nacionales desde 2001 hasta la fecha, a dos gestiones municipales de la capital del Perú y a un número indeterminado de administraciones regionales como las de César Álvarez (Áncash) y César Villanueva (San Martín), es necesario que el caso sea tratado con limpieza y profesionalismo por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Un caso de corrupción de relevancia histórica para el Perú y donde la necesidad de aplicar justicia de verdad es vital, tal como lo exigen los peruanos hartos de impunidad, no puede estar siendo manoseado por marcadas posturas políticas de fiscales o jueces, por prisiones preventivas que se caen por abusivas o que se vencen por falta de sentencias, ni por investigaciones flojas que son aprovechadas

por los abogados de los procesados a fin de sacarla barata y encima victimizarse.

El castigo a los corruptos de todos los colores políticos y tendencias que se vendieron a los corruptores de Odebrecht y otras empresas tiene que darse, pero tiene que darse bien. La justicia en el caso Lava Jato debe aplicarse de acuerdo a ley y no con apresuramientos, excesos, inquinas personales, presiones mediáticas ni posturas envalentonadas de fiscales y jueces envanecidos a nivel mediático, hasta el extremo de creerse intocables. Que la justicia no se manche.