El abuso sexual es una de las peores formas de violencia contra un ser humano y más aún, si se trata de un menor de edad. Sin embargo, existen situaciones diversas o actos de mala fe que pueden llevar a una persona inocente a la cárcel, sin tener responsabilidad real.

La población recluida en los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional asciende a 88 mil personas. En el caso de los varones, los mayores delitos son: robo agravado y violación sexual. En el 2018, con la finalidad de fortalecer la prevención y sanción de delitos contra la libertad sexual se aprobó la modificación del Código Penal, a través de la Ley 30838; en ella, se estableció que los tocamientos indebidos, sin consentimiento, son sancionados con carcelería no menor de 3 ni mayor de 6 años, excepto en casos de menores de 14 años, en que la pena es más grave aún. Se recomendó que el reglamento considere la declaración de la víctima como “prueba fundamental” y se valore junto a otros medios probatorios como declaraciones de testigos, grabaciones y otros que demuestren fehacientemente la afectación. En caso de no existir testigos o pruebas, se puede incluir informes físicos o psicológicos tanto de la víctima como del denunciado. La ausencia de medios probatorios en ningún caso justifica la inexistencia del caso. En contraste, en caso de una denuncia “maliciosa” para que proceda la “mala fe” ésta debe ser expresamente “probada” por el denunciado. ¿Leyó bien?, la pregunta es: ¿qué sucede si una persona inocente es denunciada por tocamientos indebidos, sin prueba alguna y sin testigos? Pues, ¡va presa! ¿Qué sucede si la persona denunciada aduce que la denuncia es falsa, sin prueba alguna y sin testigos? Pues se ve obligada a “probar” expresamente su dicho si no, va presa igual. Sin dejar de reconocer la gravedad de los casos de abuso sexual, sería imperativo garantizar el debido derecho a la inocencia de quien, no habiendo cometido acto contra el pudor sexual, resulte envuelto en una denuncia de mala fe, que muchas veces hunde al denunciado en literal extorción por parte de los denunciantes. Ha sucedido, y sucederá mil veces más. Para que la justicia sea igual para todos, deben valorarse ambas situaciones, en iguales condiciones, y evitar abusos de posiciones de poder.