Trujillo era una ciudad azotada por una agresiva ola delictiva cuando, en el año 2009, los periodistas de diario Correo La Libertad tomaron conocimiento de una grave acusación de la Fiscalía contra el entonces comandante PNP Elidio Espinoza y un grupo de policías. Los delitos eran secuestro, abuso de autoridad y homicidio. La condena exigida: cadena perpetua.
En los días sucesivos, discurrieron ríos de tinta. La opinión pública trujillana rechazaba de manera mayoritaria la acusación, pues señalaba que así se le hacía el juego al hampa. A los que publicamos la acusación -una noticia de primera plana por donde se la mire- incluso algunos colegas nos endilgaron lo mismo. Eran tiempos complicados y no se admitían grises. Como en la película The Dark Knight, a la gente no le bastaba la verdad.
Sin embargo, los hechos no podían acallarse. Disparos a corta distancia, impactos por la parte de atrás, contradicciones en las versiones policiales, desaparición de evidencias en la Policía y testimonios dramáticos. El caso más emblemático era el de Carlos Mariños Ávila, un joven sin antecedentes que terminó acribillado.
No hubo legalidad en los operativos realizados en El Porvenir, tal como lo ha dictaminado la sala el lunes. “No hubo enfrentamiento”, ya que “fueron capturados con vida”, fue lo que se escuchó en la lectura de sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
El fallo, a pesar de todo, deja cierto margen de maniobra para Elidio Espinoza y los policías condenados a 30 años de prisión. El recurso impugnatorio lo podrán hacer en libertad. Sin embargo, luego se presenta una neblina para conocer el desenlace.
Lo que debe quedar claro, no obstante, es el hecho de que nadie, ni la Policía, debe actuar al margen de la ley en un Estado de Derecho. Las consecuencias están a la vista, no solo para los protagonistas del caso, sino también para la sociedad misma.
