Durante el primer Pleno virtual de la historia, la mayoría de parlamentarios aprobó una modificación de su reglamento para que los legisladores no presenten una declaración jurada de intereses a la Presidencia del Consejo de Ministros sino ante el propio Consejo Directivo del Congreso.

Según la norma aprobada, el consejo tomará el control de estas declaraciones juradas y decidirá qué funcionarios del Parlamento deberán presentarla ante la Contraloría General de la República. Es decir, se excluyen de un requisito que el Poder Ejecutivo implantó durante el interregno parlamentario, a través del DU 020-2019, para transparentar la gestión de intereses aduciendo que este era un atentado a la autonomía de poderes.

Pero si este era el motivo, ¿por qué solo se retiró al Parlamento de los alcances del decreto y no a todos los organismos autónomos del Estado? ¿Por qué el Congreso no aprovechó que analizaba este presunto atentado a su autonomía y modificó la norma para trasladar toda la competencia en estos casos a la Contraloría? Hoy más que nunca urge transparentar las acciones y esta medida no ayuda a conseguirlo.