El Ministerio Público continúa bajo fuego. Los recientes cambios responden a acusaciones y cuestionamientos que han proliferado. El Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior junto al Poder Judicial constituyen el bloque del sistema de justicia que está en el centro de la desconfianza ciudadana y este año 2025 que comienza debe estar en la preocupación de nuestros políticos en especial de los poderes ejecutivo y legislativo antes de ser relevados por las elecciones generales 2026 que´ podrían verse desvalorizadas si no ponemos orden en la justicia. Se espera mucho de la flamante Junta Nacional de Justicia clave de rectificaciones sobre aspectos que desprestigiaron a su predecesora, ias que contribuyeron a la percepción de impunidad y parcialidad. Reiteramos que estamos ante un dramático bloqueo del Estado mientras la escalada de la delincuencia parece imparable y se intensifica. La legitimidad de nuestro gobierno y de nuestros representantes está ligada a la desaparición de la indefensión que nos afecta. Muchas voces exigen la reorganizacion de la justicia y llegan al clamor que exige el estado de excepción para activar los órganos más importantes y responder a la desesperación colectiva. Si hasta el ministro del Interior acusa a los fiscales de ser “cómplices de la criminalidad” y denuncia sus decisiones que impiden avances contra el crimen. Estamos en un nuevo año y algo diferente y mejor hay que hacer. Desde convocar a los expertos para afinar la propuesta, decidir el estado de excepción que no por ser una medida extrema deja de ser viable. Que el gobierno baje de su nube y se decida a hacer algo efectivo en defensa de su población y de la democracia que puede estar en riesgo si el declive de las instituciones y de la justicia continúan.
