Hace dos semanas, un artículo de The New York Times advirtió que la democracia peruana se estaba “vaciando desde dentro”. El diagnóstico es doloroso: la deslegitimación progresiva de las instituciones no nace solo de las pugnas políticas o de la precariedad de los liderazgos, nace del avance silencioso o estruendoso, de las mafias que compiten con el Estado por el control del territorio, de la economía y, lo más grave, de la vida cotidiana. El Perú enfrenta un fenómeno que ya no podemos llamar de “inseguridad ciudadana”. Lo que vivimos es la consolidación de poderes fácticos, de estructuras criminales que operan con la lógica de miniestados. La minería ilegal controla corredores enteros desde Madre de Dios hasta Pataz, el narcotráfico crece y permanece indemne, la tala ilegal devasta bosques mientras financia redes violentas y las organizaciones criminales, extorsivas y sicarias dominan barrios, mercados, rutas y ciudades donde la policía entra con temor o simplemente no entra. Esto ya no es una amenaza marginal. Es una disputa frontal a la soberanía interna. A menos de cinco meses de las elecciones generales, este debe ser el primer punto en la agenda nacional. ¿Qué van a prometer los candidatos cuando el Estado mismo está bloqueado? ¿Cómo hablar de democracia, reformas o crecimiento económico si existen territorios donde la ley no rige y mandan estructuras que no votan, pero que ponen y quitan autoridades? La democracia se vacía desde dentro cuando el miedo reemplaza a la confianza, la gente deja de creer en la justicia y el Estado tolera la ineficacia de la autoridad legítima. El próximo gobierno tendrá una misión histórica: recuperar el territorio, la institucionalidad y la esperanza. Si no se enfrenta hoy el poder de las mafias, mañana ya no habrá país que defender. De esto tenemos que hablar.
