El Congreso de la República se ha consolidado como la institución más repudiada en el Perú, y los números hablan por sí solos. Según la última encuesta de Datum, un contundente 81% de los ciudadanos no confía en el Legislativo, mientras que solo el 1% manifiesta alguna confianza. Sin embargo, lejos de intentar revertir esta percepción, los parlamentarios parecen empeñados en alejarse aún más de la ciudadanía y atender solo sus propios intereses.
En lugar de enfocar su labor en solucionar los problemas urgentes del país, los legisladores han intensificado su fiscalización hacia los órganos de justicia. Su principal objetivo es sacar adelante la controvertida ley 32182, que endurece las sanciones contra jueces y fiscales, así como impulsar otros proyectos de reforma del sistema judicial. Además, han lanzado una ofensiva contra la prensa, la misma que ha destapado escándalos de corrupción y hasta una presunta red de prostitución al interior del Congreso. Resulta evidente que existe un ánimo de represalia contra quienes han puesto en evidencia la falta de ética y moral de varios legisladores.
Lo más alarmante es la “ley mordaza”, que plantea modificaciones al Código Penal para endurecer las penas por calumnia y difamación, restringir el derecho de rectificación e introducir el delito de “violación de la intimidad”. Esta iniciativa, dirigida a intimidar a los periodistas y medios de comunicación, revela una preocupante falta de compromiso con los principios democráticos de transparencia y libertad de expresión.
Es inaceptable que, en lugar de responder con transparencia a las críticas y denuncias legítimas, el Congreso recurra a medidas punitivas y leyes restrictivas para silenciar a quienes fiscalizan su labor.
