El día que se conoció que la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides movió cielo y tierra dentro de su propia institución para salvar a su hermana, la jueza Emma Benavides, implicada en una investigación de presuntos sobornos de narcotraficantes, se empezó a terminar el periodo de una funcionaria que todos creímos que iba a representar un cambio radical en el manejo del MP.
El costo fue un inestimable daño institucional. Uno más, en una cadena nefasta de intromisiones groseras que afectó a todos los niveles con el denominador común de la sospecha de que un periodista, Gustavo Gorriti, asaltó el poder del ente aprovechándose de la información que tenía y manipuló la institución a su antojo.
Después del interinato de Juan Carlos Villena, se pensó que la gestión de Delia Espinoza podría significar el inicio del giro esperado. Hoy las evidencias van por otro lado y aleja cualquier atisbo del resurgimiento de la rectitud o la restauración de la integridad en la Fiscalía.
Se podría decir, sin ánimo de exagerar, que el grosero salvataje de Espinoza a Pablo Sánchez, que debió ser acusado constitucionalmente por haber llamado el 10 de julio de 2018 por teléfono al fiscal Rodrigo Rurush para frustrar la diligencia que este realizaba en IDL Reporteros, podría significar el inicio del fin de la fiscal de la Nación.
Más si como se ha dicho en los últimos días, se presume de un canje de favores (tú votas por mi elección y yo archivo tu caso) y que habría una resolución elaborada por Villena que sí acusaba a Sánchez.
¿Espinoza inicia su cuenta regresiva? Debería. Su decisión hiede, la fetidez se siente a kilómetros y flota, una vez más, la inmundicia ideológica y la componenda vil sobre las aguas servidas del Ministerio Público.
