El mensaje de la presidente de la República comunicado el pasado domingo resultó inesperado en un contexto de expectativa sobre lo que decidirá el Congreso sobre el adelanto de elecciones. Su contenido se tornó desafiante cuando alertó que, en caso no se alcancen los votos, presentará dos proyectos de ley. El primero insistiendo con el adelanto de los comicios, pero con plazos más ajustados (octubre de 2023). El segundo proyecto con una propuesta de reforma total a la Carta de 1993. Un factor de presión para las bancadas leales a la legitimidad de ejercicio de la Carta de 1993.

La estrategia presidencial carece de originalidad por insistir con la práctica de pechar al Congreso. En esta oportunidad no se emplea la cuestión de confianza como herramienta disuasoria sino un proyecto de ley de reforma constitucional para comprometer el contenido de la Constitución, entre ellos problamente la revisión del régimen económico en favor del intervencionismo estatal. El punto de discordia entre los políticos de las bancadas más radicales.

Si los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo y la futura composición del Congreso tampoco garantiza la voluntad política para efectuar una reforma total a la Constitución, aún así la propuesta no dejará de preocupar a las bancadas simpatizantes a la Carta de 1993 para culminar su mandato con una futura enmienda que ponga en riesgo los límites constitucionales para crear empresas públicas, por lo general deficitarias y sostenidas con nuestros impuestos.

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