La valiente fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, está haciendo historia en su país. No se amilana ante la prepotencia chavista y por eso, con firmeza y convicción, acaba de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia -totalmente controlado por Nicolás Maduro-, relativo a la Asamblea Constituyente que el propio presidente está haciendo a su medida. La ausencia de un proceso democrático básico, que suponga la participación ciudadana expresada por medio del sufragio universal, desnaturaliza el sentido estricto de lo que se entiende por una Asamblea Constituyente, cuyo único objeto es la dación de una Constitución Política.

Hace bien la fiscal en referir en su recurso que el poder emana del pueblo y que no existe ningún otro que sea mayor al de la voluntad popular. El soberano de un Estado es el pueblo, así como lo lee, amigo lector, y no Nicolás Maduro, como lo cree el presidente de facto. Eso quiere decir que solamente el pueblo tiene la capacidad para legitimar el proceso para conseguir una Constitución que refleje la voluntad popular. La Asamblea que pretende Maduro estará integrada por los hombres y mujeres que el chavismo quiere. Por más que Maduro diga que estará integrada por obreros, jóvenes e indígenas, en realidad muchos de ellos forman parte de los serviles e hipotecados ciudadanos a los propósitos del régimen. Esa es la verdad. En la medida que la Asamblea Constituyente del chavismo prospere lo único que va a generar es una mayor reacción social. La otra Asamblea, la Nacional, que es la del pueblo de verdad, ha sido neutralizada grotescamente. Se trata de un acto intolerable que debemos condenar. La vi nacer aquel 6 de diciembre de 2015, en que el pueblo con su voto legitimó su auténtico poder hoy usurpado. La fiscal Ortega está dándole al régimen en su parte más sensible, que es el destino del poder político venezolano.