Inobjetablemente, la guerra a ganar en este 2024 será la que se libre contra la delincuencia. El Gobierno parece haberlo entendido así, aunque no es su única prioridad, pero otros sectores siguen sin entender el problema y aferrándose, tercamente, a una defensa de sus fueros como si de una batalla de intereses se tratara. Me refiero al Ministerio Público y a su torvo pronunciamiento en contra del decreto supremo No. 1605, que otorga facultades investigadoras a la Policía Nacional, algo que era de absoluta facultad de la Fiscalía. El organismo que dirige interinamente Juan Carlos Villena recurre a los tecnicismos legales que todo lo permiten para ponerse en plan de desacato a una norma emitida desde el Poder Ejecutivo con absoluto realismo. El MP no hace ninguna alusión a la recurrente falencia que muestra como institución para recabar las pruebas del delito in situ ni tampoco cuántos delincuentes -unos más perversos que otros, más malandrines que otros y más inmundos que otros- símbolos de la escoria social peruana o extranjera, no han podido ser detenidos y han seguido cometiendo sus fechorías. La Fiscalía no hace un mea culpa, asume su responsabilidad y acepta, con realismo, que es una sociedad avasallada por el lumpen, devastada por la violencia y enferma de temor la que clama por medidas eficaces y prefiere, con ridículo egoísmo, disparar su potestad legal, acribillarnos con la Constitución y ejercer su sicariato jurídico. No importa el estado excepcional que vivimos, las calles acechadas, el miedo envolvente, el alma en vilo; no, solo importa que el MP quiere, como un ladrón después de arranchar una cartera, subirse a la moto y huir abrazado a su botín.