No se puede normalizar en el Perú que por un celular termines con un plomazo en la cabeza, como antes ocurría por un par de zapatillas o una gorra. El decir que en el país la vida no vale nada es una frase tenebrosa que el 2024 debe ser aniquilada. ¿Qué desean los ciudadanos el próximo año? Sin duda: sentirse seguros cuando abandonen sus casas.
El sistema de justicia es un pulpo cuyos tentáculos deben moverse hacia una misma dirección, sino no funciona adecuadamente. Y para eso necesitamos gente idónea. Se requiere de fiscales con capacidad para investigar, jueces con discernimiento de la justicia, policías honestos y autoridades con visión de lo que es la seguridad.
En esa pirámide de jerarquía y competencias están los alcaldes provinciales y distritales, así como los gobernadores regionales, quienes conforman los comités distritales, provinciales y regionales de seguridad ciudadana, respectivamente. ¿Están cumpliendo sus funciones?
El Ministerio del Interior ha precisado que el 49% de los vehículos policiales en el país no tiene un óptimo funcionamiento. Frente a esta falencia, el plan determina concretar un patrullaje integrado entre los policías y el personal edil, pero sólo funciona en algunas zonas porque los alcaldes (25% en Lima) no han logrado adquirir unidades vehiculares.
La gran tarea del 2024, el segundo año de gestión de las autoridades regionales, provinciales y distritales, es que ejecuten sus propias acciones contra la inseguridad ciudadana. Los alcaldes y gobernadores no se pueden pasar todo el tiempo acusando al Ejecutivo de no tomar medidas, cuando son ellos los primeros responsables del bienestar de sus ciudadanos.
