El Estado peruano tiene implementada una pomposa Secretaria de Gobierno y Transformación digital en la PCM y, supuestamente, articula al sector público y a la sociedad civil, liderando la implementación de la digitalización de sus procesos de atención a los ciudadanos, de manera que éstos sean más eficientes, transparentes y sirvan para simplificar la vida de todos. ¡Modernidad! Así se debería llamar. Claro está que, en nuestro país, estos buenos deseos suelen ser siempre una falacia monumental, algo así como ir a tono y de la mano con la enorme informalidad que nos abruma en todos los sectores, como primacía de la realidad. El Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, tiene un doble estándar de calificación “digital”, sobre todo cuando se trata de afiliaciones y desafiliaciones a organizaciones políticas. Mientras que para “afiliar” a los parroquianos no hay ningún tipo de verificación ni contraste de parte de ellos que asegure que quien dice firmar una ficha de afiliación partidaria es realmente quien dice ser y se fían del padrón que trae la organización política y todo fluye sin contradicción, para “desafiliar” en cambio a quien voluntariamente desea hacerlo, le ofrece un verdadero lecho de espinas y de dolor. La mesa de partes “virtual” requiere que, para hacer un trámite de esta naturaleza, se abra una “casilla electrónica gratuita” en la misma página web institucional, a través de una “cita” que se debe solicitar; sin embargo, cuando uno desea hacerlo nunca hay citas disponibles, con lo cual resulta imposible realizar ningún trámite digital, pues todos son rechazados automáticamente por no cumplir con los “requisitos” impuestos por ellos mismos. La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás... decía Voltaire. Ojalá las autoridades públicas, todas, tuvieran que cobrar sus sueldos mensuales a través de “solicitudes digitales” efectuadas a través de sus propias plataformas virtuales para que vean lo que es bueno, sufran en carne propia la misma tortura con la que castigan a los usuarios de sus servicios y comprueben como, con su omnipotente desidia y desinterés en la atención al público en general, solo ofrecen “moderna” tortura e intolerable burocracia, inclusive digital.