Hoy el Congreso elegirá a su nueva Mesa Directiva y, pese a sus bajos índices de aprobación, el llamado “Bloque Democrático” presentó como cabeza de lista a José Jerí. No importó que enfrente una denuncia por violación ni que, aunque aún no exista sentencia firme, la apertura de pesquisas y las medidas de protección evidencien la gravedad del caso y la necesidad de elevar el estándar de quienes ocupan altos mandos.
De igual modo, sobresale el caso de Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia, quien ha reconocido un antecedente de violencia familiar. La JNJ, encargada de designar y sancionar a jueces y fiscales, no puede regirse únicamente por interpretaciones técnicas de no retroactividad. Exige también vocación ética y ejemplaridad incuestionables.
La idoneidad para un cargo no debe medirse solo por la letra fría de la ley. La mera existencia de denuncias y sentencias, aunque sean civiles o carezcan de efecto penal, erosiona la confianza ciudadana y mina la independencia de los órganos de control. Permitir que personas con antecedentes o investigadas ocupen puestos clave equivale a renunciar a la transparencia y debilitar la justicia.
Si queremos recuperar la credibilidad de nuestras instituciones, el Congreso y la JNJ deben adoptar estándares de integridad más rigurosos. Solo así garantizaremos que quienes dirigen el país estén libres de sospecha y comprometidos con el Estado de Derecho.
