Cuando el viernes 21 de febrero se desplomó parte del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, fallecieron 6 personas resultando más de 80 heridos. Decenas de personas atrapadas bajo los escombros fueron rescatadas por bomberos y paramédicos.
Julio Rivera Feijoó, ingeniero que diseñó la estructura de las instalaciones, ha señalado que “por lo menos” otros “cuatro” establecimientos de Real Plaza tienen “una configuración parecida en cuanto a la forma”: Santa Clara (Ate), Bellavista, Huancayo, Piura, Huánuco.
Según los inspectores municipales, varios intentos de fiscalizar el estado de las estructuras fueron bloqueados por la empresa, argumentando que debían ser autorizadas por la empresa desde Lima. La cadena de Real Plaza pertenece a Intercorp o a Carlos Rodríguez Pastor de quien se dice es el hombre más rico del país.
La Ley 31914, aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, el 28 de octubre 2023, frena la capacidad fiscalizadora de las municipalidades al limitar la clausura de establecimientos.
Los congresistas y sus leyes tienen parte de responsabilidad. Maricarmen Alva y Adriana Tudela propusieron la inspección de los centros comerciales cada diez años, dicen para “no desalentar la inversión privada”, por lo que recibieron el respaldo de Cavero, Moyano y Barbarán. Acción Popular y fuerza Popular actuando conjuntamente.
Al limitar la función fiscalizadora del Estado so pretexto de favorecer las inversiones, se pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Lo sucedido en el Real Plaza de Trujillo no puede repetirse. Si la inversión interesa, sigue siendo más valiosa la vida humana. No debiéramos olvidarlo.
