Los alcaldes provinciales y distritales de las diferentes ciudades del país deben aplicar la ley al pie de la letra durante las fiestas de fin de año, a fin de evitar tragedias y desorden por la toma de las calles por vendedores informales que, bajo el argumento de que necesitan trabajar, creen que pueden ocupar la vía pública y exponer la vida de miles de personas todos los días.

Lo que tampoco se puede permitir es la falta de respeto y las agresiones a policías y servidores municipales que representan a la ley. En estos casos, el Ministerio Público debería actuar con mucha celeridad y rigidez para que nuestra autoridad no sea burlada por atacantes que suelen llevar palos, piedras y hasta cuchillos de cocina para tratar de no ser desalojados de la vía pública.

En el caso de Lima, por estos días ya comenzamos a ver informales por las inmediaciones del Mercado Central, por lo que la comuna debería tomar cartas en el asunto hoy mismo. No olvidemos que el hacinamiento y la falta de control policial y edil provocaron en el 2001 una tragedia en esa misma zona, la cual costó la vida a más de 300 personas.

La necesidad de trabajar y de llevar un pan a casa no puede ser pretexto para la ocupación ilegal de las calles, que además implica severos riesgos, ni para agredir a representantes de la autoridad. Ambas acciones son delitos. En un país civilizado no puede imperar la ley de la selva ni la falta de autoridad. Las consecuencias que esto trae las conocemos de sobra.