Casi el 80% de la inversión total en el país proviene del sector privado, lo que lo convierte en un pilar estructural de la economía peruana. En el segundo trimestre de 2025, la inversión privada creció 9%, su mejor desempeño en casi cuatro años, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Detrás de esos montos no hay solo cifras, están los empleos que se generan, los impuestos que financian servicios públicos y las innovaciones que impulsan nuestra competitividad.
La minería es uno de los casos más representativos de este crecimiento. En la primera mitad de 2025, la inversión minera acumulada alcanzó US$ 2,306 millones, registrando un avance de 7% frente al mismo período del 2024, según el BCR.
Lo que distingue al sector privado no es solo el volumen de capital que moviliza, sino la forma en que gestiona esos recursos con metas claras, disciplina en el gasto y capacidad de adaptación a escenarios cambiantes. Esa lógica impulsa la innovación, la reinversión tecnológica y la búsqueda de eficiencia constante, elementos clave para sostener la competitividad internacional y dinamizar la economía interna.
El manejo estatal de empresas, en contraste, enfrenta retos adicionales como la burocracia, procesos más lentos y rigidez en la gestión que limitan su capacidad de reacción. Esto no significa desconocer el rol del sector público, el cual es esencial como regulador y garante de estándares sociales y ambientales, sino subrayar que su función es complementaria a la del sector privado.
El verdadero desafío está en consolidar un equilibrio. El Estado debe asegurar un marco institucional sólido y predecible, mientras que la inversión privada moviliza recursos, genera empleo y fomenta innovación. En esa complementariedad radica la competitividad del país. Cada dólar invertido multiplica oportunidades y fortalece la base económica necesaria para sostener un desarrollo sostenible de largo plazo en el Perú.
