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La crisis del sistema de justicia tiene años de agonía. Desde el gobierno militar, sucesivos gobiernos democráticos y sus organizaciones políticas tuvieron injerencia en la elección de los miembros del ex CNM, jueces y fiscales de la más alta jerarquía, algunos acusados de integrar una presunta organización criminal, “Los Cuellos Blancos del Puerto”, generando un sistema de justicia lentísimo pero, además, envuelto en corrupción.

Buscando una salida democrática a la crisis, el Poder Ejecutivo convocó a un referéndum, en donde el 80% de la población votó por reemplazar al CNM por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cambiando una institución de la Constitución de 1993 que favorecía intereses ilícitos.

La comisión especial encargada de elegir a los miembros de la JNJ convocó a un “concurso público de méritos”. De 104 postulantes, solo 3 aprobaron el examen de conocimientos. El problema radica en no haberse establecido claramente el perfil y requisitos necesarios para los integrantes de la JNJ, pretendiendo que un examen de conocimientos reemplace la trayectoria y calidad profesional de los postulantes. Por ello, los que aprobaron este examen resultan, francamente, inelegibles.

Y, respecto de la crisis política, el Congreso tiene en carpeta los 12 proyectos de ley sobre la reforma política presentados por el Poder Ejecutivo; sin embargo, la presidenta de la Comisión de Constitución, Fuerza Popular y el APRA no parecen interesados en soluciones, sino que agravan la crisis, sobre todo la del Congreso, cuando: a) desestiman los cambios en la inmunidad parlamentaria; b) pretenden aprobar un cronograma de trabajo para debatir 124 proyectos de ley sin establecer prioridades ni criterios de debate. De manera que, a este paso, la reforma política será para las calendas griegas.

Las crisis se resuelven planteando soluciones, no petardeando reformas.