América Latina se encuentra en una lucha por mantener la legalidad en todos los frentes, el de los Estados y los individuales. Vemos cómo la democracia y la lucha anticorrupción han salido victoriosas en Guatemala, donde su presidente se vio obligado a renunciar al verse involucrado en un caso de defraudación aduanera y cómo su vicepresidenta también tuvo que renunciar y el juez supremo asumió el cargo de presidente. De otro lado, tenemos al régimen de Dilma Rousseff en Brasil que se tambalea al verse inmerso en una serie de actos de corrupción que golpean directamente a su gobierno, llevándola a tener el menor índice de aceptación, bordeando el 6%, y provocándose una fragmentación política muy peligrosa. En lo que se refiere a otros Estados, la cosa no es tampoco muy diferente. Tenemos el caso generado por el gobierno de Maduro en Venezuela por la expulsión de miles de ciudadanos colombianos que tenían residencia legal en dicho país. El resultado es un potencial conflicto con Colombia en defensa de sus ciudadanos. Mientras el irresponsable gobernante venezolano se pasea por Asia, la frontera colombo-venezolana puede estallar en un conflicto bélico de proporciones incalculables. De otro lado, Nicaragua reclama diálogo con Colombia por la delimitación marítima en base al fallo de La Haya. Bolivia y su tema de la salida al mar con Chile, y en el Perú, la pareja presidencial se encuentra seriamente cuestionada. La OEA, por su parte, no puede intervenir, pues los países del ALBA se lo impiden y la Unasur es solo un título de propaganda para Maduro, como la Celac, el Caricom y el Mercosur, por lo que el reto es seguir luchando. 

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