La presunción de inocencia es una garantía que establece que toda persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un proceso judicial legal y transparente. Pero no se respeta, Vivimos la llamada lawfare, una guerra judicial que usa indebidamente el sistema de justicia para fines políticos, para deslegitimar a un opositor o perjudicar a una persona incómoda. Se manipula la ley o se acusa sin base sólida. Actores políticos poderosos con influencia en la justicia pueden destruir adversarios, eliminar figuras públicas o bloquear partidos. Tenemos ejemplos notables como el cerco que fiscales conocidos le tendieron a Alan García bajo consigna política para encarcelarlo sin pruebas, llevándolo al suicidio para proteger su dignidad. Vimos también a Keiko Fujimori encarcelada preventivamente por lavado de activos y financiación ilegal de campañas. Ambas penas, la preliminar como la preventiva deben ser recursos extremos, usadas solo en ultimo ratio. La justicia no puede ser escarnio ni venganza destructiva. Hay medidas menos gravosas como la comparecencia o la prisión domiciliaria que no se usan por esos malos jueces que se enorgullecen de ser “caneros” que se creen dueños de vidas y honras y colocan a quien tiene la mala suerte de caer en sus manos en absoluta indefensión. Con ostensible perversidad representan la mala justicia, la que puede imponer penas mayores que el tiempo que dura el proceso. A ello se suma la demora de los fiscales para hacer más daño a las víctimas. Sin hablar de los medios que condenan sin atenuantes ni presunción de inocencia. La independencia de la justicia no aparece cuando jueces y fiscales son instrumentos de la guerra política con enorme polarización. Como extrañarse de que algunas víctimas de la mala justicia vean en la fuga una respuesta desesperada a la justicia politizada y malsana.
