La lamentable muerte de los jóvenes Alejandra Porras Inga y Gabriel Campos Zapata dentro del local de McDonald´s de Pueblo Libre, donde el domingo último recibieron una descarga eléctrica mientras hacían labores de limpieza, debe merecer una detallada investigación que lleve a aplicar, de ser el caso, las más duras sanciones administrativas y penales contra los responsables de este hecho que enluta al país.

Acá tiene que responder la empresa Arcos Dorados, a cargo de la franquicia en muchos países del mundo, que al no operar con las medidas de seguridad del caso en sus instalaciones, puso en riesgo la vida de estos jóvenes que allí laboraban, al igual que miles de peruano de su edad que se ganan la vida en restaurantes de comida rápida. La Municipalidad de Pueblo Libre tiene también mucho que explicar, al haber otorgado un certificado de Defensa Civil.

Sucesos como este deben de llamar la atención de las autoridades, especialmente de aquellas encargadas de fiscalizar las condiciones laborales de muchos peruanos. En junio de 2017 dos jóvenes que trabajaban informalmente murieron asfixiados dentro de un contenedor durante un incendio en una galería del Cercado de Lima.

El domingo perecieron otras dos personas dentro de un local que supuestamente operaba cumpliendo todos los requisitos puestos por la ley, por lo que el problema parece ser transversal a formales e informales. Acá tienen mucho que hacer las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. No bastan los comunicados reactivos, sino que urgen acciones decididas para evitar este tipo de tragedias.

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