Hace una semana, en este mismo espacio, reclamábamos a las autoridades esclarecer la muerte de José Miguel Castro, ex gerente municipal y hombre de confianza de Susana Villarán, ambos sindicados por el Ministerio Público como las cabezas de una red de corrupción que recibía “aportes” ilegales de constructoras que eran proveedoras de la Municipalidad de Lima.
Hoy este pedido se hace más necesario, en vista de que van surgiendo indicios de que el hombre clave en la investigación a esta red de corrupción que será sometida a juicio oral desde setiembre próximo, pudo haber sido asesinado dentro de su casa de Miraflores, a juzgar por las circunstancias en que fue encontrado su cuerpo y el tipo de corte hallado en su cuello, el cual difícilmente pudo ser realizado por mano propia.
Es necesario que la Policía Nacional y el Ministerio Público salgan ante la ciudadanía de manera pública y formal –y no a través de trascendidos o filtraciones–, a explicar el resultado de sus investigaciones, sea que estemos ante un suicidio o un asesinato. Sería gravísimo que los peruanos nos quedemos con la duda de lo que pasó con Castro, cuya muerte sin duda favorece a muchas personas.
En poco más de seis meses, han ocurrido otras dos muertes con trasfondo político como la de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso; y Nilo Burga, implicado en el caso Qali Warma. No se puede normalizar este tipo de situaciones bárbaras. Las autoridades tienen que dar la cara y despejar las dudas que todos tenemos.
