La delincuencia en el Perú está tan envalentonada que ya no distingue sectores: extorsionan bodegas, barberías, choferes de transporte público, vendedores ambulantes y hasta quienes intentan construir una vivienda deben pagar cupos. El ataque al Corredor Rojo, tras la negativa de un chofer a recibir una carta extorsiva, muestra que la violencia no tiene freno cuando el Estado ha decidido mirar a otro lado.
Ni siquiera los patrimonios históricos están a salvo. Ruth Shady, directora del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, ha denunciado que recibe amenazas de muerte y que el abandono estatal que pone en riesgo uno de los legados más antiguos de la humanidad. La desprotección es total.
Frente a este desborde, el Gobierno apenas reacciona con medidas efectistas. ¿Por qué no actúan con seriedad? Porque el miedo generalizado les conviene: una sociedad aterrada es más fácil de someter y de manipular, porque está dispuesta a entregar su libertad a cambio de promesas vacías de seguridad.
El problema no es solo el presente, sino el futuro. El Congreso y el Ejecutivo han dañado tanto las bases de la democracia y el equilibrio de poderes que, si en 2026 surge una opción autoritaria, será muy difícil resistirla. Hoy nos someten por miedo. Mañana podría ser demasiado tarde para recuperar la libertad que dejamos perder.
