La Policía Nacional del Perú (PNP) ha enviado un preocupante mensaje al país: parece más dispuesta a ceder ante la presión que a ejercer su rol fundamental de garante del orden y la legalidad. Su reciente pedido a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para reconsiderar una sanción impuesta al club Universitario —que dispone que su partido contra Cristal se juegue sin público en el estadio Monumental— revela no solo una peligrosa claudicación institucional, sino una preocupante inversión de responsabilidades.

La razón esgrimida por la PNP resulta insólita: temen que los hinchas protesten y alteren el orden público en los alrededores del estadio Monumental. En lugar de prepararse para prevenir y controlar cualquier brote de violencia, la Policía prácticamente responsabiliza a quienes ejercen justicia deportiva por las posibles reacciones de los barristas. Es como si el Poder Judicial dictara una sentencia contra una organización criminal y, ante la posibilidad de disturbios, la PNP sugiriera dejar sin efecto la condena. Inaceptable.

La labor de la Policía no es condicionar las decisiones de otras instituciones, sino hacerlas respetar. Su deber no es evitar que la ley incomode a quienes podrían reaccionar violentamente, sino garantizar que el Estado de derecho prevalezca incluso —y sobre todo— en contextos de tensión. Ceder ante el temor es abrir la puerta al caos.

Más allá de la justicia o no de la sanción impuesta a Universitario, existen mecanismos claros para apelar y revisar las decisiones. Ese proceso debe respetarse y agotarse dentro del marco institucional. Mientras tanto, la Policía tiene la obligación de actuar como corresponde: protegiendo a los ciudadanos y haciendo cumplir las normas.