La negación de confianza al presidente del Consejo de Ministros guarda relación con el momento que el titular del gabinete anterior acudió al Congreso para, cumpliendo lo dispuesto por la Constitución, rendir cuentas de las acciones ejecutadas durante el periodo de disolución parlamentaria. Si la investidura otorgada en su momento manifestó la conformidad sobre la decisión presidencial del pasado 30 de septiembre, apelando a la unidad nacional ante la pandemia, resulta sorpresivo el rechazo de confianza al último premier, pues, de haberlo investido la oposición política podría continuar fiscalizando mediante las herramientas de control y exigencia de responsabilidad, ya sea sobre los temas de salud, educación, economía, contrataciones, etcétera, con un nuevo gabinete en funciones.

Las razones de nuestros argumentos se apoyan en el realismo, los tiempos y circunstancias que en política siempre son únicos e irrepetibles, por eso las decisiones deben ser oportunas para no producir efectos inesperados. La decisión de preferir disolver en vez de consensuar entendimientos con el Congreso abrió un camino del cual no teníamos experiencia de cómo podía terminar; recordemos que el gobierno de 2011 a 2016 culminó su mandato sostenido por un Congreso con mayoría opositora, coincidentemente con el mismo titular del gabinete que ahora deja el cargo. Cinco años después, un Presidente de la República, sin partido, sin cuadros de políticos profesionales y técnicos a la mano, tiene el deber de consensuar con el Congreso un Primer Ministro de salida, que sea independiente, convocante y libre para nombrar a su equipo ministerial hasta julio de 2021. En estos momentos, la crisis sanitaria, económica, de seguridad ciudadana y un proceso electoral en marcha demandan un especial esfuerzo y desprendimiento por parte de todos los actores políticos en medio de una pandemia.