La restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y suprema titular, tras haber sido destituida por la anterior JNJ, en forma sumarísima y sin las garantías procesales, pasó de intento de desagravio a evidencia de la fragilidad institucional del actual sistema de justicia. Ha quedado clara la falta de independencia y la politización de instituciones influenciadas por intereses políticos en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Lo peor es el precedente de una alta funcionaria que no quiere acatar una resolución de un organo constitucional competente. Y no la cumple porque no le gusta o porque afecta sus intereses. ¿Qué Estado de derecho es ese? El frustrado retorno de Benavides no implicaba absolución ni archivamiento de las investigaciones en su contra, era una rectificación fundamentada. La imaginación queda corta para seguir los argumentos y los recursos planteados para incumplir la ley. La JNJ no tuvo fuerza para sancionar el desacato de altos funcionarios. En este caso salieron a la luz pugnas de poderes e intereses desde el Ministerio Publico que recurrió a velas y oraciones hasta protestas inducidas de trabajadores. Sin una cultura de responsabilidad institucional el presunto final llegó con la interferencia del Poder Judicial que lo “soluciónó” en pocas horas, con una resolución que desafía la lógica pues responde a una demanda de suspensión formulada por quien está en el cargo y suspende a quien no lo está. Una resolución para la antología del absurdo que echa por tierra la estabilidad jurídica. La frustrada restitución refleja una justicia fragmentada, vulnerable a presiones políticas y carente de mecanismos sólidos de autorregulación, sin seriedad. Se compromete el Estado de derecho y se deslegitiman las instituciones de la justicia. Cuando más las necesitamos aparecen debilitadas por pugnas de poder e irresponsabilidad.

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