La reciente recomendación de la Comisión de Fiscalización del Congreso para que el Pleno evalúe una vacancia por incapacidad moral contra la presidenta Dina Boluarte ha generado diversas reacciones. La principal es que los peruanos tomen con escepticismo que, por primera vez en este periodo, el Legislativo actúe como contrapeso del Ejecutivo y no como club de autoprotección.

“Es un saludo a la bandera lo que anda haciendo esa comisión”, señaló el excongresista Víctor Andrés Belaunde, recordando que este mismo Congreso ya tuvo en sus manos la posibilidad de sancionar a Boluarte... y la dejó pasar. Y es que la historia reciente nos obliga a desconfiar. Los parlamentarios que hoy alzan la voz podrían ser los mismos que, en unos días, invoquen la “gobernabilidad” para archivar todo intento de rendición de cuentas.

Mientras tanto, la prioridad de los congresistas es prepararse para la reelección, no solo con la elaboración de leyes que sirvan a sus propios intereses electoreros sino también echando mano de estrategias para no desgastarse políticamente, como por ejemplo, no participar en la próxima Mesa Directiva.

La impunidad no puede seguir siendo la norma. Si la presidenta ha mentido u ocultado hechos inherentes a su cargo, debe responder políticamente por ello. Y si el Congreso quiere recuperar algo de legitimidad ante los peruanos, debe demostrar que no actúa según conveniencias, sino por principios.

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