Una nueva brecha se ha abierto entre el Ejecutivo y Legislativo, esta vez por la reforma del sistema de pensiones. Es natural que el Congreso intente llevar a cabo una ley a favor de los peruanos inmersos en esta problemática, pero su afán desmedido por “reivindicar a los que están en la ONP y liberar a los de la AFP de tantos abusos”, como dicen algunos parlamentarios, muestra un tufillo político.

Así como la aprobación de la controvertida ley del retiro del 25% de los aportes de la AFP, en el caso de la reforma del sistema de pensiones también la mayoría del Congreso ha decidido actuar según la dirección en la que sopla el viento.

En el ir y venir de los avatares del Congreso en medio de esta pandemia, su Comisión de Economía ha archivado un proyecto del Gobierno que proponía la conformación de un equipo multisectorial para evaluar con seriedad y ponderación la reforma de pensiones. Esperemos que la reacción del Legislativo no sea un paso revelador de los intereses políticos que están en juego con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Lo peor que puede ocurrir es que el escaso análisis y la ligereza de puntos de vista predominen para concretar una ley trascendental para muchos peruanos.