Un país sin prensa libre es un atentado a la democracia, que termina perjudicando a quienes se sirven de los medios de comunicación para generar un cambio en la sociedad: los ciudadanos. Por lo tanto, el aumento de la pena por los delitos de calumnia y difamación, planteado en el Congreso, pone en riesgo al Perú.
La mejor regulación contra la prensa es la que no existe, a diferencia de otros sectores que necesitan de la misma para no cometer abusos. Además, en el Poder Judicial es donde se decide si algún abuso de los periodistas merece ser castigado, con el riesgo que eso supone si el proceso cae en manos de algún juez manipulable, como se han presentado casos.
Ahora bien, la iniciativa propone modificar el Código Penal para incrementar las penas contra aquellas personas, llámense periodistas, que cometieran los delitos de calumnia y difamación. Pero no solo eso, sino que plantea variar “el ejercicio del derecho de rectificación e incorporar el delito de violación de la intimidad”, según se lee.
El periodismo tiene sus propias fallas de regulación, eso no se puede negar, y hasta suele cometer ciertos abusos de desproporcionalidad en el enfoque de sus noticias. No obstante, es el público quien termina, finalmente, regulando su consumo, en caso haya una pérdida de credibilidad. Sin público, el periodista y medio de comunicación cavarán su tumba.
Enviar a prisión a los periodistas no es la solución a los abusos que puedan cometer. Como he leído, un castigo pecuniario mayor sí contribuiría a que los comunicadores sean más responsables con la información que difundirán.
