La Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial de Italia, acaba de dictar sentencia definitiva de cadena perpetua para el general Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, que gobernó el Perú entre 1975 y 1980, por la muerte de dos ciudadanos ítalo-argentinos en el marco del macabro “Plan Cóndor” que estremeció América del Sur durante los años 70. También llamado “Operación Cóndor”, fue un auténtico acuerdo criminal entre los regímenes de facto en América Latina que fueron eliminando a aquellos opositores de origen italiano -con pensamiento político de izquierda-, que se habían convertido en una auténtica piedra en el zapato para las dictaduras en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y el Perú. Con los años y con el retorno progresivo de la democracia a la región, el país que más ha avanzado para evitar la impunidad ha sido Argentina. De hecho en 2015 una sentencia de una sala penal en Buenos Aires contra el presidente de facto general Reynaldo Bignone lo condenó a 20 años de prisión, confirmando que la justicia si funciona cuando se tiene convicción en que la impunidad no puede terminar siendo una regla y menos en un país precisamente fracturado y con enormes heridas abiertas por la sistemática violación de los derechos humanos. Los gobiernos de facto o de hecho alcanzaron el poder tirando al tacho la Constitución y por supuesto, el imperio del Estado de Derecho. Fueron regímenes que jamás valoraron la importancia de la tolerancia y que encimaron toda su fiereza coercitiva (amenaza) y coactiva (fuerza) sobre aquellos que pensaban distinto. Un auténtico terrorismo de Estado. Morales Bermúdez que fue juzgado y sentenciado por separado, ya había recibido condenas en primera (2017) y segunda (2019) instancia. No ha sido el único. Por lo menos unos 31 militares de otros países, por la muerte de 20 italianos. Es verdad que ahora sigue el pedido de extradición formal por la República Italiana por la existencia del tratado sobre esta materia que mantenemos con la nación reputada cuna del derecho. Pero también lo es que la extradición es una prerrogativa soberana e inoponible del Estado por lo que, con 100 años, considerando su longevidad, FMBC,  que fue un completo traidor, solo estará seguro mientras no salga del Perú.