La Ley 89-2025 de Puerto Rico exige a las escuelas informar con anticipación cualquier actividad vinculada a sexualidad y afectividad, permitiendo a los padres vetar contenidos o pedir alternativas. Similar a leyes en Perú, EE.UU. o países europeos conservadores como Hungría, Polonia o Rusia, supone que estos temas pueden anticiparse, planificarse y empaquetarse y pre-autorizarse por los padres. Similar creencia existe en algunos congresistas peruanos que han legislado bajo esos supuestos.
Pero la sexualidad no funciona así. No aparece solo en cursos programados. Surge en preguntas, gestos, silencios y experiencias cotidianas. ¿Debe un maestro esperar autorización para responder cuando un niño pregunta si es normal sentir atracción por otro niño o niña? ¿Y si una alumna se siente incómoda con los abrazos diarios de un compañero? ¿O si una adolescente es presionada por su pareja y necesita consejo urgente? ¿Qué pasa si un alumno difunde mensajes íntimos de su pareja o si se burlan de un niño con dos mamás?
Estas situaciones no se programan. No están en los formularios ni los cronogramas. Y sin embargo, son reales, humanas, educativas. Pretender que todo lo vinculado a sexualidad debe ser aprobado por los padres ignora la espontaneidad con que surgen estas vivencias. También limita a los docentes, que no son simples operadores de contenidos, sino acompañantes en la vida emocional y social del alumnado.
Educar no es seguir un libreto autorizado. Es responder con empatía, respeto y presencia cuando la vida plantea sus preguntas más urgentes, sin pedir permiso.
