“Somos una raza distinta” fue, por años, el slogan que el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, usó para su universidad, pero invariablemente también servía para sus campañas políticas. Su idea era, según explicó en su momento, dar a entender que APP estaba conformado por personas que querían hacer política de manera distinta, pero con el devenir de los años todo parece indicar que lo único distinto es que los militantes de dicho partido gozan de ciertas protecciones que el común de los ciudadanos no tiene.
Por ejemplo, en nuestra edición de ayer publicamos un informe donde dábamos cuenta de cómo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por María Acuña Peralta (APP); congelaba o simplemente mandaba al archivo los casos contra los legisladores que llegaban a su estamento y, como para no perder la costumbre, la SAC desestimó, con 15 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la denuncia contra Rosio Torres (APP) por, presuntamente, recortar el sueldo a sus trabajadores a través de su sobrino.
El caso de Torres saltó a la luz tras una serie de reportajes donde se daba cuenta del presunto recorte y tuvo su máximo pico cuando Latina grabó a la legisladora borrando el chat que tenía con su sobrino Juan Pérez Guerra, tras culpar a una trabajadora de haber filtrado todo el esquema.
Que se protejan entre ellos no es novedad, ya vimos lo que hicieron con la norma de organización criminal. El problema es que en su afán de evadir a la justicia dejan no solo a la ciudadanía inerme ante a la delincuencia, sino también que socavan a todo el sistema de justicia.
