En medio de una crisis agravada por bloqueos de carreteras y protestas radicalizadas, las recientes declaraciones del presidente de la Confederación de la Pequeña Minería (Confemin), Máximo Franco, son absolutamente inaceptables. “Tiene que correr sangre”, dijo, con total frialdad, como si el costo de vidas humanas fuera un daño colateral asumible en su agenda. Afirmaciones así no solo incitan a la violencia: son una amenaza directa a la paz social y al Estado de derecho.
Estas palabras no se dan en el vacío. Ocurren mientras los mineros informales mantienen bloqueos en distintas regiones del país, generando pérdidas millonarias, afectando el abastecimiento de combustible, obligando al sacrificio de ganado y empujando al alza los precios de los alimentos. Además, frenan el turismo y afectan el empleo. A este cuadro de caos económico y social, ahora se suma una peligrosa retórica que legitima la violencia como medio de presión.
El país no puede tolerar este tipo de expresiones ni las acciones que las acompañan. Lo que está ocurriendo ya no es solo una protesta social: son actos que vulneran los derechos fundamentales de millones de ciudadanos
Urge una respuesta clara y contundente del Gobierno. No puede seguir mirando al costado ni apostando a que el conflicto se diluya por sí solo. Esta crisis requiere voluntad política firme, respeto a la ley y, sobre todo, un mensaje inequívoco: en el Perú, la violencia no es negociable.
