Ayer en Correo hemos informado que según data de la Policía Nacional, desde enero a agosto de 2024 se han recibido 14 mil 200 denuncias de extorsión, lo que quiere decir que hay 59 casos al día y uno cada 24 minutos. La cosa es crítica, muestra que estamos muy mal. Sin embargo habría que tener en cuenta a las miles de personas que prefieren no acudir a una sede policial a reportar la amenazas que reciben.
En esta contabilidad no están aquellos que por no confiar en la Policía o en el sistema de justicia, y para no perder el tiempo, prefieren quedarse callados y pagar el dinero que les exigen los delincuentes a cambio de no atentar contra ellos, sus familiares, sus trabajadores o sus negocios.
Es comprensible ante la falta de capacidad de respuesta de un Estado que no sabe qué hacer con este problema. Lo vimos en la noche del jueves, en que quedó clara la improvisación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al momento de dar normas contra la criminalidad.
Entre las víctimas están, como siempre, empresarios, bodegueros, tranportistas, emprendedores y hasta administradoras de comedores populares, sí, allí donde se da alimento a los más pobres, que en su mayoría están a merced de delincuentes que en líneas generales son tratados con guantes de seda por un sistema de justicia que tiene que ser reformado de pies a cabeza.
