En el Derecho Constitucional británico, las convenciones constitucionales son normas no escritas fundamentales para la correcta relación entre la Corona y el Parlamento. Si bien carecen de fuerza legal, su cumplimiento resulta esencial para la estabilidad del sistema político. Entre las más importantes tenemos la Sanción Real, por la cual el monarca siempre otorgará su consentimiento a las leyes aprobadas por la Cámara de los Comunes. Si bien en teoría podría observarlas, no ejerce esta prerrogativa real desde 1708. Otra convención está en el nombramiento del primer ministro. El rey elige a quien cuenta con la confianza de la Cámara de los Comunes, que generalmente es el líder del partido mayoritario. El discurso anual del trono es leído por el monarca, pero es aprobado por el gobierno reflejando su carácter ceremonial. La neutralidad política también es fruto de una convención, asegurando que la Corona no interviene en debates partidarios.

La convención sobre el consejo ministerial obligatorio establece que el rey sigue las recomendaciones del primer ministro. Sobre la prerrogativa real para disolver la Cámara de los Comunes, el monarca podía hacerlo a petición del primer ministro, pero una ley de plazo fijo de 2011 restringió esta facultad hasta el 2022 que la restauró manteniéndose el principio de actuar bajo consejo ministerial. De este modo, observamos que no sólo es necesario el diseño de una forma de gobierno, sino la madurez de la comunidad política para producir y consolidar las convenciones necesarias que garanticen su estabilidad y continuidad en el tiempo, equilibrando así tanto la tradición como la democracia.