El ganador de la segunda vuelta saldrá del conteo oficial de la ONPE y de las decisiones que finalmente tome el JNE, pero ante la avalancha de denuncias de irregularidades, que no solo provienen de Fuerza Popular, es pertinente recordar lo que preveían las encuestadoras a apenas 24 horas del 6 de junio. Ipsos Perú, con una muestra amplia de 5,117 encuestados, arrojaba 44,8% para Keiko y 44,1% para Castillo.
El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) arrojaba una diferencia exigua pero siempre a favor de Fujimori: 40,9% contra 40,8% del candidato del lápiz. En el caso de CPI, la aspirante naranja tenía 45% contra 44,8% de su rival. En todos los casos, si bien se hacía la precisión de que se trataba de un empate técnico, Fujimori mostraba una tendencia al alza, un aspecto gravitante para el resultado definitivo de una elección.
Por eso, cuando al día siguiente la encuesta a boca de urna de Ipsos mostraba 0.6% a favor de Keiko, el resultado parecía reflejar lo que todos los sondeos previamente habían establecido: Una diferencia mínima, pero diferencia al fin, de la candidata de FP. ¿Por qué recordamos esto? Pues porque, evidentemente, la más leve manipulación en el acto electoral variaba inevitablemente el primer lugar.
Diferente hubiese sido si la distancia entre uno y otro era de 4 o 5 puntos porcentuales. ¿A qué vamos? A que es muy probable que todos estos sondeos hayan mostrado el verdadero sentido del voto, pero evidentemente no reflejaban las actas manipuladas, las impugnaciones y los errores groseros en las mesas donde Fujimori era la ganadora para restarle votos.
Lo que hizo el voto rural, en todo caso, fue permitir, por su lejanía o la ausencia de personeros, la comodidad para una mejor ejecución de un acto premeditado. De allí la importancia del JNE para dilucidar los entramados de un plan perversamente sutil y que puede llevar a Palacio al triunfador equivocado. Si el pleno del ente electoral no es consciente de ese rol fundamental, su incompetencia quedará registrada en la historia.
