Las democracias jóvenes, también conocidas como de baja intensidad, deben atravesar un proceso de maduración con el tiempo. La forma más realista de medir su desarrollo es mediante evaluaciones que analicen su capacidad para resolver tensiones políticas y vulneraciones al Estado de Derecho. Ninguna forma de gobierno está exenta de crisis, por lo que la clase política, compuesta por el ejecutivo y la oposición, debe reconocer puntos de inflexión para resolver sus diferencias en temas de salud, educación, justicia, seguridad, infraestructura y economía. Finalmente, se recurre a votaciones parlamentarias sobre proyectos de ley, mociones de censura o acusaciones constitucionales, respetando la democracia como gobierno de mayorías con respeto a las minorías.
Las violaciones al derecho, ya sean faltas o delitos cometidos por autoridades, funcionarios o personas, deben ser conocidas y resueltas por jueces bajo los principios del debido proceso. La función judicial, reconocida socialmente para administrar justicia, decide qué es el derecho en cada caso concreto. Ambas pruebas, la madurez para poner fin a las tensiones políticas y la solidez de la judicatura para resolver litigios con independencia e inamovilidad, miden el grado de desarrollo de las comunidades políticas. Por eso, sin excepciones, todo país desarrollado y democrático cuenta con un sólido poder judicial. Los problemas internos como la diversidad cultural, las recesiones económicas, la inseguridad ciudadana y la corrupción son globales. La diferencia radica en la convicción ciudadana de que solo pueden resolverse en democracia como una técnica de libertad.
