A pocos años de la consulta popular del 9 de diciembre de 2018, que ratificó un conjunto de reformas constitucionales y legales para nuestro sistema político, los cambios adoptados han sufrido un drástico retroceso. En su momento, la ciudadanía respaldó la prohibición de la reelección inmediata de congresistas, la aprobación del financiamiento público para los partidos políticos con restricciones al privado, la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura y el rechazo al retorno del Congreso bicameral.
Para las elecciones generales de 2026, la bicameralidad ha sido restablecida, junto con la reelección inmediata de los parlamentarios y el financiamiento privado de empresas, antes prohibido. En cuanto a la JNJ, su primera conformación generó controversia y rápidamente disipó las expectativas ciudadanas de mejorar la transparencia en la designación de jueces y fiscales. En la actualidad, enfrenta una segunda oportunidad con su nueva integración.
El balance del período 2018-2025, marcado por sucesivas reformas constitucionales, revela un fracaso rotundo. Las modificaciones aprobadas no fortalecieron la institucionalidad, sino que contribuyeron a su debilitamiento. En retrospectiva, el referéndum de 2018 funcionó más como un plebiscito encubierto, capitalizando el respaldo popular del entonces presidente para imponer cambios que, lejos de consolidarse, fueron revertidos con el tiempo, evidenciando aún más la fragilidad de nuestro sistema político.
